MIGUEL VARGAS ARREMETE CONTRA INCOMPETENCIA OFICIAL PARA FRENAR DELINCUENCIA.

Fuente almomento.net
PEDRO BRAND.- Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afirmó esta tarde en esta comunidad, que el país siente y padece el fracaso del gobierno de Leonel Fernández para frenar la delincuencia.
Vargas Maldonado planteó como alternativa para neutralizar el mal, la aplicación de una estrategia efectiva de respeto y fortaleza de la Policía Nacional y la ejecución de una política para crear empleos.

“La actitud del gobierno con relación a los padecimientos de la Policía Nacional ha facilitado el avance de la delincuencia”, dijo.

El candidato presidencial perredeísta formuló en esta población duras críticas a la política gubernamental que afirmó ha creado un escenario propicio para el desempleo y la delincuencia.

“La caída de las ventas y los incrementos de los costos provocados por la actual política económica han repercutido considerablemente sobre la capacidad de las empresas de mantener el mismo nivel de empleados, creándose, en consecuencia, un ambiente que estimula la ocurrencia de actos delictivos y deteriora la seguridad ciudadana”, manifestó.

Refirió que amplios sectores de la comunidad nacional y hasta importantes figuras de la Iglesia Católica, como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, han señalado la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana

Vargas Maldonado resaltó que los alistados y oficiales policiales devengan salarios de miseria que no los motivan para luchar activamente en contra de la delincuencia.

Dijo que los policías “se quejan en silencio por la eliminación de las raciones de alimentos que recibían cuando estaban en servicio y de la reducción de la cobertura del servicio médico, en particular de los medicamentos, ordenada por la presente administración”.

A su juicio, “hay que detener el proceso de descrédito y desmoralización provocado por las constantes denuncias y polémicas públicas por parte de los funcionarios gubernamentales, que afectan la credibilidad, la autoridad y la confianza de la población en la Policía Nacional”.